En artículos anteriores nos hemos referido al bien común y a sus sustentos fundamentales. Cuando se habla entonces de bien común hemos de tocar diversos aspectos de los cuales vamos a destacar algunos de los mismos:

1. El bien común ciudadano nace del amor e implica conocer las necesidades humanas y sus satisfactores

Significa un proceso de priorizar el adecuado aprovechamiento de los recursos con respeto al medio ambiente, al entorno en su más amplio sentido y tratando de favorecer las necesidades fundamentales de los seres humanos que componen nuestra sociedad, trátese de un país, de una región del país, de una macro región planetaria o del planeta en su totalidad.

Posiblemente habrá que dar pasos sucesivos partiendo desde el ámbito particular de un determinado país, luego por otros que así lo vayan decidiendo, hasta llegar alguna vez a una gobernanza planetaria.

Chile está comenzando un proceso de definir y redactar una nueva Constitución para que finalmente se acuerde por parte de la ciudadanía, mediante un plebiscito futuro, la confirmación o rechazo de la misma. De llegar a ser aprobada, en unos 2 años más a través del proceso plebiscitario, será la futura Constitución del país. Sin duda que este proceso y su resultante, de priorizarse el bien común ciudadano, puede servir de referencia para el resto del planeta.

Hemos escrito varios artículos al respecto y me remito a recordar uno de los mismos:

Una Constitución que priorice el bien común ciudadano, implica el tratar de ser muy creativo. Actualmente las diversas Instituciones del país están absolutamente deslegitimadas, como seguramente ocurre en casi todas partes del mundo.

En Chile existe un grave deterioro en todos los ámbitos de la sociedad, en mayor o menor grado: el gobierno, las Fuerzas Armadas, las diversas policías, el sistema judicial, el sistema de tratamiento de los delitos y el sistema carcelario; los políticos y sus partidos sin excepción, están muy deslegitimados a través de un bajísimo nivel de aprobación y un altísimo nivel de rechazo. Similar situación la tienen los parlamentarios y el sistema legislativo vigente, la Iglesia y las religiones más importantes en general, las empresas, sus dirigentes y ejecutivos, para nombrar solo algunas estructuras que componen la Institucionalidad del país, todas gravemente deslegitimadas por la ciudadanía.

Si agregamos la situación de desigualdad económica y social en que buena parte de las familias ha estado y está fuertemente endeudada y angustiada, donde el fundamento social vigente es que «todo se transa en el mercado» con un modelo que se basa en la competencia desenfrenada y sin mayor control, en un Estado «subsidiario» que se traduce en un Estado débil y ausente, una sociedad con un alto nivel de corrupción institucional, con graves deterioros de la seguridad pública, con privilegios de grupos o personas, entre tantos aspectos, muestran que la institucionalidad vigente en Chile parece insostenible.

Toda esta situación ha sido la base del estallido social de octubre de 2019 del cual nació lo que ni el gobierno ni la «clase política» apoyaba: la necesidad de una nueva Constitución para Chile. Nació con forcep, a contrapelo, con alto nivel de improvisación, en medio de la pandemia, pero finalmente, nació. Sin duda que se convirtió en una esperanza para la enorme mayoría ciudadana que aprobó que sea redactada, reemplazando así, la Constitución actual, con un 80% de los votantes que se decantaron por el «apruebo».

2. Una nueva democracia

La creatividad que se requiere parece ser un imperativo. Priorizar el bien común ha de generar una manera diferente a la acostumbrada de practicar la democracia. En lugar de una democracia «representativa», diseñar un proceso que nos lleve hacia una democracia activa, participativa y operativa dentro de un proceso de mejora continua.

Las ideas que acá se exponen han de ser revisadas, completadas, pero se trata de una visión muy diferente a lo que se acostumbra y a lo que los políticos y sus partidos sustentan. De hecho, los políticos profesionales a través de una nueva manera de legislar, desaparecen, ya que pierden sentido. Aparecen diversos equipos multidisciplinarios competentes y con antecedentes personales intachables que han de encargarse de ir conformando y diseñando una nueva Institucionalidad para Chile. Es una propuesta ciudadana para que lo considere la nueva Constitución chilena.

El bien común ciudadano prioriza una visión de responsabilidad y de libre albedrío para cada ciudadano del país, de manera que cada quien sea dueño de su mente, de su cuerpo, de su sentir, de su actuar y no pueda ser coaccionado por un determinado sistema legal que representa solo a una parte de la sociedad, independientemente a que sea mayoritaria o no. La decisión respecto a la vida de cada quien es un asunto privado y no está sujeto a lo que dictaminen ciertas mayorías o ciertos sectores de la sociedad.

La idea base del bien común es un irrestricto respeto a que cada quien decida como desea manejar su vida y que no sean determinados credos o doctrinas los que traten de imponer su particular visión al resto de la sociedad.

La existencia de legisladores que representen determinadas ideologías a veces vinculadas con creencias o intereses corporativos, simplemente pierden total sentido práctico dado que no están para imponer sus creencias, sus doctrinas o sus credos al resto del país, sino que han de tratar de que todos los ciudadanos puedan optar libremente en elegir lo que estimen adecuado para sus vidas.

El tema del aborto ha de ser tratado de manera sistémica entendiendo que el Estado y la educación del país han de enseñar a todos los niños y jóvenes los diferentes aspectos de la sexualidad y los diversos métodos que han de estar a disposición social de todos/as para evitar el embarazo. En esto, cada mujer ha de ser dueña de sus decisiones respecto a su cuerpo y a su vida.

Entonces, lo primero como base para legislar acerca del aborto ha de enseñarse obligatoriamente en todas las escuelas del país. Aquellas escuelas ligadas a determinadas doctrina o creencias que prohíben el uso del anticonceptivo, podrán enseñar dichas doctrinas a sus niños y jóvenes, al igual que lo podrán hacer sus familias, pero cada una de las mujeres del país ha de tener absoluta libertad para decidir por sí misma, si desea o no utilizar los anticonceptivos que han de estar disponibles como parte del bien común. En este ámbito habrá que legislar los diversos aspectos concernientes a salud, a las facilidades que ha de entregar el sistema público de salud, a los temas relacionados a los médicos y sus aprehensiones respecto al tema, a la total despenalización del aborto dado que quedaría legalizado, entre otros aspectos. Cada ciudadana ha de elegir su opción respecto al tema que se ha legislado, el que ha de considerar la diversidad de visiones que pueden existir al respecto.

El bien común ciudadano también se vincula a la satisfacción de las necesidades fundamentales que le dan un bienestar básico a toda la ciudadanía, una dignidad de vida, amparada por garantías desde el Estado en representación de la sociedad, lo que al mismo tiempo implica derechos y responsabilidades ciudadanas.

La responsabilidad ciudadana principal es de participar activamente en los cabildos, unidades vecinales u organizaciones de base que han de fijar prioridades en «temas fundamentales nacionales» y en «Proyectos de nivel Nacional». El aborto, tema que nos sirvió de ilustración, sería un «Tema fundamental Nacional»; el tren rápido que ha de unir Arica con Puerto Montt, por ejemplo, sería también un «Proyectos de Nivel Nacional».

Es claro que Chile ha de solucionar el «cáncer» del centralismo, transformándose en un país descentralizado con autonomías regionales de todo tipo: administrativas, políticas, financieras, tributarias, con atribuciones de gestión en todo sentido, con claridades presupuestarias.

Las regiones del país han de ser revisadas y seguramente redefinidas de manera que tengan sentido práctico desde el punto de vista de llegar a tener el alto grado de autonomía que deberán adquirir.

Es fundamental la existencia de un Estado dinámico complementario y apoyador del sector privado, pero al mismo tiempo controlador, con capacidad de tener empresas autónomas del Estado y/o mixtas con el sector privado cuando ello sea apropiado. Todos los sectores públicos y privados apuntando hacia el bien común. Un sector privado innovador con aporte de valor agregado a la sociedad y con adecuadas rentabilidades como para que todo funcione como corresponde.

Una convergencia entre las Universidades, Institutos técnicos, autoridades de diverso tipo a fin de generar trabajos en equipo siempre priorizando el bien común. Lo mismo en relación al mundo empresarial. Una sociedad donde el servir y el aportar, la creatividad, la cultura, la armonía social de todo tipo sea el fundamento de la misma.

El «centralismo» ha de tener sentido solo para concretar los «temas fundamentales nacionales» y los «Proyectos de Nivel Nacional» que se prioricen en las organizaciones de base y/o con procesos plebiscitarios. En cada barrio, similarmente a lo que sucede en la actualidad, pero en cada una de las regiones, ciudades y poblados, se tratarán «temas fundamentales regionales» y «Proyectos de nivel Regional». Pero también a nivel comunal en las unidades vecinales «Proyectos de nivel barrial». En este último aspecto ya existe bastante experiencia, pero tendrá que ser parte de un mejoramiento continuo.

3. Sistema legislativo y nuevo parlamento

El parlamento ha de dedicarse, una vez aprobada la nueva Constitución, a generar los procesos de una nueva Institucionalidad que se legitime por parte de la ciudadanía y que, además, se vaya validando en su legitimación cada cierto tiempo mediante procesos plebiscitarios ciudadanos con tiempos de información, diálogos y reflexión para las diversas Instituciones vigentes.

Se trata de generar procesos de institucionalidad de la sociedad sobre la base de mejoramiento continuo dado que la ciencia, la tecnología, la filosofía y los diversos conocimientos humanos tienen una alta dinámica de innovación y cambio.

Los encargados de legislar han de ser equipos multidisciplinarios para diversas temáticas relativas a la Institucionalidad, tales como salud, educación, sistemas previsionales, aspectos vinculados a los pueblos ancestrales y sus culturas, lo relativo a los derechos de la mujer y del hombre; de sus opciones de género y de familia, lo vinculado al respeto a las diversas minorías, lo referente al sistema judicial y lo relacionado con el mismo como quienes ejercerían la función de tribunales de manera que sean equipos multidisciplinarios y no solo abogados; materias de prevención de la delincuencia, tratamiento de la misma, sistemas carcelarios y proyectos de recuperación social desde la delincuencia y su reincorporación ciudadana; de las policías, su cultura y sus especialidades, el tema de las drogas y su posible legalización, a fin de quitar el mercado a los narcotraficantes; acerca de la seguridad ciudadana, acerca de las penalidades, especialmente a las vinculadas con corrupción y estafas masivas a la sociedad, y así sucesivamente.

En principio, constituir equipos de trabajo que lo hagan en los diversos temas de manera paralela con un número limitado de componentes, digamos unos 15 y con representantes unos 2 o 3 por cada equipo, elegidos/as desde las organizaciones sociales de base; además, podrán requerir la asesoría de ciertas especialidades que estimen convenientes. Sus sueldos serán adecuados al nivel de la importante labor que ejecutan, pero la infraestructura que se requiera como apoyo será financiada por el poder legislativo, al cual pertenecerán.

Con un sistema adecuado de selección sobre la base de competencias técnicas profesionales adecuadas y con antecedentes personales y de probidad según lo requerido. Que se tenga claridad acerca de que lo que han de legislar está destinado a incluir a todos los ciudadanos y no para algún sector en especial de nuestra sociedad, lo que los obliga a dejar de lado sus visiones y creencias a efectos del legislar, priorizando el que cualquier ciudadano pueda elegir de las diversas leyes aquello que le haga sentido. No se legisla para los adeptos de determinada religión o para la visión de sus dirigentes, ni para algún grupo de intereses de la sociedad. Se legisla para que cualquiera se sienta interpretado en su opción de elección y para generar armonía social entre los ciudadanos del país.

Las leyes han de tener un «preámbulo» donde se explique en lenguaje claro y entendible el «espíritu de las mismas» y se ilustrará respecto al modo de aplicarlas. Los representantes ciudadanos serán fundamentales en materia del entendimiento de las leyes que se redacten en todos sus aspectos. Las leyes no han de estar destinadas al entendimiento de los abogados sino al entendimiento de toda la ciudadanía. El sistema Nacional de Educación ha de ayudar a que eso sea posible.