La creciente acumulación de externalidades negativas como efecto de la actividad productiva y su omisión en los cálculos de costo-beneficio, ha consagrado lo que podríamos llamar la visión aséptica del ingreso disponible. Raramente se contabilizan las externalidades negativas en la Contabilidad Nacional, estadística que daría cuenta de la Deuda Social y la inestabilidad que ello provoca cuando los impuestos, las compensaciones y subsidios sociales son incapaces de transformar necesidades en demanda social retributiva.

¿Cuáles son las consecuencias de escamotear los costos? O lo que es lo mismo desde el lado social: ¿es realmente ganancia lo que contabilizamos como tal? Estas son interrogantes sin respuesta en el capitalismo del siglo XXI. En ese contexto, las externalidades se transforman en Deuda Social, las cuales se expresan en emisiones de carbono y cambio climático; contaminación en regiones mineras; polución de ambientes urbanos; desertificación; prolongadas y extensas sequías; tormentas; inundaciones; grandes endemias; hambrunas, epidemias…etcétera. ¿Podrá el ciudadano corriente, sobre quién recae el costo de las calamidades, representar todavía por largo tiempo el papel de actor pasivo de éstas?

El 24 de enero de este año se produjo la ruptura de un dique minero en Brumadinho, en el estado de Minas Gerais (sudeste), donde hace tres años se produjo el peor desastre ambiental de Brasil. Se reportó la muerte de veinte personas y 150 desaparecidos. El siniestro rememoró la ruptura en noviembre de 2015 de la represa de Mariana, a 125 km de distancia, que dejó 19 muertos y generó una corriente de residuos que contaminó tierras y ríos en dos estados brasileños a lo largo del río Doce. Esa represa pertenecía a Samarco, una empresa controlada por Vale y la anglo-australiana BHP Billiton. Esta noticia que impactó a la opinión pública mundial es un fenómeno que se replica a escala global.

El Environmental Justice Atlas (EJA) registra 2081 conflictos ambientales en el planeta; India encabeza la lista con 246; estadísticas concernientes a dos países de Suramérica contabilizan en Colombia 121 y en Brasil 83. Chile ocupa el lugar doce en la lista del EJA, con 46 conflictos.

Conflictos ambientales en Chile

Chile es el tercer país con más relaves en el mundo y su presencia en el territorio va en aumento. En los depósitos de relaves se encuentran metales pesados y químicos como cianuro, arsénico, plomo, cadmio, zinc, mercurio, entre otros. La ONG Relaves explica que este material se instala en forma de pulpa, en donde el material sólido decanta en el fondo de una laguna artificial1. Se espera que al año 2035 la cantidad de tranques de relave se duplique. Una parte de esas instalaciones se encontrará en la zona central del país donde se situará una proporción creciente de la producción minera. Territorios donde la densidad de la población es mayor y en consecuencia la competencia por el uso del suelo y recursos hídricos resulta a veces dramática.

Los tranques o embalses de relave se encuentran en gran concentración en la zona norte del país aún cuando también en la zona minera histórica de la cuenca del Bío-Bío: dos en Lota y otros dos en Curanilahue. Se trata de instalaciones de alto riesgo (contaminación de aguas por ruptura o colapso), cercanas a la planta de procesamiento de minerales. En el pasado se arrojaban los desechos derivados de las operaciones minero metalúrgicas a los lechos de ríos, lagunas, quebradas, valles o el mar, generando efectos sobre la biota marina y submarina.

En la caracterización de elementos al interior de los relaves, aparte de los ya señalados existen metales que la Unión Europea incluyó en su lista de 20 materias críticas, debido a su escasez o dificultad de acceso y que juegan un rol clave en la industria de alta tecnología actual como es la aeroespacial, automotriz, médica, óptica, electrónica de consumo, baterías y energías renovables. Según información de Sernageomin se trata de elementos como hierro, aluminio, plomo, selenio, telurio, tungsteno, renio y tierras raras, entre otros que se pueden recuperar. Esto permitiría capturar valor y contribuir a transformar los depósitos de relaves de un pasivo a un activo. Según Corfo (2017) se permitiría generar externalidades positivas en materia ambiental2.

Según las especificaciones técnicas para obtener una tonelada de concentrado se generan casi 30 toneladas de relave. Según Mauro Valdés3 (2017) en Chile «cada 36 horas se depositan relaves equivalentes a un cerro Santa Lucía4 , dentro de 20 años se hará solo en 21 horas, producto de la disminución de las leyes de mineral y el mayor esfuerzo de procesamiento que requerirá la minería chilena para producir una tonelada de cobre». Esto plantea el seguimiento de la estabilidad física y química de los relaves en un cuadro complejo de sismología, geología e hidrología. Los sistemas de monitoreo deberán quedar a la disponibilidad de las comunidades vecinas a los relaves.

Según estudios del Sernageomin, Chile acumula 124 faenas mineras abandonadas ausentes de solución ambiental, necesaria por impactos debidos a hundimiento de tierra; tranque de relaves desde donde se filtran metales pesados hacia la napa freática o existe algún riesgo de colapso; botaderos de estériles; derrumbes; generación de material particulado o polvo en suspensión sobre ecosistemas naturales y glaciares. En este último caso se observa un derretimiento acelerado. Observaciones en terreno han demostrado que antiguos depósitos de relaves, bajo el efecto de terrenos erosionados por fuertes lluvias pueden desestabilizar e invadir con materiales de desechos mineros, zonas agrícolas o de cursos de agua. Lo cual plantea la necesidad de relaves más secos y más estables para así garantizar una menor o nula infiltración del subsuelo y lograr una mayor recuperación de agua.

En diciembre de 2012, Minería Chilena (revista digital) planteaba que las bajas leyes de los minerales se traducían en mayores relaves. La contabilidad del material extraído señala que sólo el 2% corresponde al metal deseado, y el resto es descartado en diferentes desechos como estériles (50%), relaves (44%) y escorias (4%). Según Mario Sánchez de la Universidad Andrés Bello de Chile se generarían así en los procesos de fusión y conversión de los concentrados de cobre cerca de dos toneladas de escorias por tonelada de cobre producido. De esta manera en las siete fundiciones que se encuentran en el país, la generación de escoria alcanzaría los 3,2 millones de toneladas al año.

En faenas de recepción, acopio y embarque de concentrado de cobre en el Terminal Internacional Antofagasta del grupo Luksic, el Colegio Médico de la ciudad de Antofagasta en el Norte de Chile denunció contaminación en los niños viviendo en el borde costero de la región. En enero 2015 se conoció el caso de 143 niños de dos jardines infantiles en las cercanías del Puerto de Antofagasta y de los galpones de acopio de cobre. Se detectaron altos índices de arsénico y plomo en la sangre: 45 presentaban un alto nivel de arsénico y 98 niños un elevado nivel de plomo.

Caimanes: un caso preocupante5

En un país minero como Chile, resulta emblemático el caso Caimanes versus Los Pelambres, yacimiento del grupo Luksic (Antofagasta Minerals Plc) que se arrastra por casi una década en los tribunales. Pese a la existencia de fallos judiciales favorables a la población aún no se resuelve la demanda de obra nueva deducida contra la minera por la instalación de un tranque de relaves que contamina las aguas de consumo humano de la población de Caimanes. La dictadura (1973-1989) inauguró en Chile una doctrina que ha imperado, sin modificaciones, en tribunales y administración del Estado durante todos los gobiernos de la Concertación (1990-2010), el de la Alianza (2010-2014) y el actual de la Nueva Mayoría con Bachelet en su reelección (2014-2018) a saber, que los conflictos sociales son conflictos entre privados.

Caimanes es una pequeña población de Chile de 1.200 habitantes de la IVa Región de Coquimbo, provincia de Choapa, comuna de los Vilos, a unos 10 kilómetros de un tranque de relave más grande de Latinoamérica construido por la Minera Los Pelambres (MLP) del grupo Luksic (Antofagasta Minerals) en el fundo El Mauro. El embalse es una construcción de un muro de alrededor de 1.400 metros de longitud, con una altura de 237 metros y una capacidad total de relaves de 1.7 millones de toneladas de materiales tóxicos de la mina Los Pelambres. La construcción obstruye el libre curso de las aguas superficiales y subterráneas del estero Pupío, contaminando la napa freática que alimenta el pozo de agua del pueblo Caimanes, única fuente de agua potable de la comunidad.

Las acciones judiciales de denuncia de obra nueva iniciadas por las comunidades se basan en la amenaza a los recursos hídricos y a la vida de las comunidades del Valle del Pupío, por relaves compuestos por desechos mineros que contienen tóxicos como arsénico, estroncio, óxido de silicio, cloro, plomo, óxido de aluminio y azufre, entre otros. El derecho a la vida y a la salud está en juego (garantías constitucionales consagradas en el art. 19 de la Constitución) cuando se plantea la contaminación de las aguas de consumo humano provocada por el tranque de relaves de la minera Los Pelambres del grupo Luksic.

Originalmente los permisos para la construcción fueron otorgados por la Dirección General de Aguas (DRA) en Resolución 1795 del 30 de noviembre de 2005. Esta resolución fue revertida el año 2006 por la Corte de Apelaciones de La Serena. Sin embargo, las actividades de la Minera, con el velado apoyo de los gobiernos de turno continuaron en oposición a las resoluciones de la justicia.

Judicialmente la sentencia de la Corte de Apelaciones fue confirmada en fallo de la Corte Suprema en octubre de 2014, donde se ordenaba a la minera restablecer el normal cauce del estero El Pupío y demoler total o parcialmente el tranque de relaves El Mauro. En su sentencia la Corte Suprema concluye que la obra nueva denunciada, conjuntamente con alterar y obstruir el libre curso de las aguas superficiales y subterráneas que el estero Pupío conduce hasta el pozo de agua potable rural del pueblo Caimanes, contamina la napa freática y pone en riesgo la salud física y mental de los habitantes, violándose así las garantías constitucionales consagradas en los números 1° y 8° del artículo 19 de la Constitución Política del Estado (1980).

Sin embargo, Minera los Pelambres no ha cumplido con el fallo de la Corte Suprema. Sin solución aparente el conflicto ha escalado con el corte de caminos por los habitantes de Caimanes y la presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros que finalmente despejaron la ruta al mineral.

Siete años atrás el conflicto escaló a nivel internacional. En 2007, el Tribunal Latinoamericano del Agua en Guadalajara (México), falló el caso. Literalmente, la sentencia del Tribunal Latinoamericano del Agua acordó:

  • (i) Responsabilizar a la empresa Minera Los Pelambres Ltda., por la destrucción del sistema hídrico natural y de un ecosistema único, y censurarla por haber continuado los trabajos a pesar de una decisión judicial que anula la autorización;

  • (ii) Censurar a las autoridades gubernamentales por la falta de compromiso en el cumplimiento de sus obligaciones y por sus acciones contradictorias, siempre en perjuicio de la vida, la salud y la naturaleza; por no acatar un fallo judicial que prohíbe la construcción del tranque de relaves que quedaría con millones de toneladas de residuos tóxicos a perpetuidad;

  • (iii) Exhortar a la Empresa y los organismos gubernamentales pertinentes, a ordenar la cancelación inmediata y definitiva de las obras de construcción del tranque El Mauro por los daños presentes y futuros.

En virtud de estos Acuerdos el Tribunal recomendó:

  • (1) Ejecutar una evaluación independiente y participativa, financiada por la empresa, respecto al grado y la reversibilidad del daño causado al sistema hídrico natural y a la población afectada;

  • (2) Elaborar y ejecutar, por parte del Estado de Chile y con la participación de las comunidades afectadas, un plan de reparación integral de los daños, de tal manera que los terrenos recuperen en la medida de lo posible su estado original, todo lo cual costeado por la empresa;

  • (3) Indemnizar, por parte de la empresa y eventualmente del Estado, los daños ecológicos y arqueológicos causados al sitio y los perjuicios a la población.

Proyectos mineros paralizados por efectos de la evaluación ambiental

A mayo de 2016, el catastro del Consejo Minero constata que de un total de US$ 35.879 mil millones, US$ 25 mil millones en proyectos mineros estarían paralizados o congelados por causas de evaluación ambiental. Pascua Lama (US$ 8.500 millones) y Cerro Casale (US$ 8000 millones), proyectos de la canadiense Barrick Gold han paralizado sus operaciones por requerimientos ante tribunales por las poblaciones afectadas. A estos se agregan los proyectos de Kinross Gold, La Coipa Fase 7 y Lobo Marte que en total suman US$ 1000 millones. Quebrada Blanca 2, de la minera Teck, cuenta por una inversión US$ 5.600 millones 6.

A Kinross Gold se le ha ordenado paralizar totalmente la operación de una de sus explotaciones, Minera Maricunga, en la cordillera de la Tercera Región por daño ambiental irreparable sobre 69,4 hectáreas de vegetación en el humedal Valle Ancho7. Se ha ordenado además clausurar sus dos pozos de captación de agua en la zona de Pantanillo. Para el funcionamiento de la explotación el consumo medio autorizado es de 95 litros por segundo. El humedal está ubicado en las cercanías del Parque Nacional Nevado Tres Cruces, en la Región de Atacama, área donde habitan varias especies vulnerables, como flamencos, guanacos y vicuñas. El complejo lacustre está protegido por la Convención de Ramsar, organismo internacional encargado de resguardar humedales en el mundo. La faena es una extracción a cielo abierto y se emplaza a unos 120 kilómetros al este de la ciudad de Copiapó, en la alta cordillera, sobre 4200 metros sobre el nivel del mar. Produce entre 230 mil y 250 mil onzas de oro al año. En el expediente de paralización de la explotación se culpa a la minera Kinross de la “omisión de ejecutar las acciones necesarias para hacerse cargo de los impactos ambientales no previstos, consistentes en la disminución del nivel freático en la cuenca Patanillo-Ciénaga Redonda y el consecuente desecamiento de, al menos, 70 hectáreas de humedales ubicados en el Complejo Lacustre Laguna del Negro Francisco y Laguna Santa Rosa, a lo cual se suma el riesgo inminente de expansión del área afectada a aproximadamente 73 hectáreas adicionales de humedales.

En la Superintendencia de Medio Ambiente se explica que la situación de desecación afecta a la flora y fauna del lugar. Tres especies de flamencos sudamericanos estarían en peligro, más otras consideradas como «vulnerables» –como el piuquén y la tagua cornuda-, así como la gaviota andina. Entre los mamíferos se encuentra el guanaco y la vicuña, catalogadas como especies “en peligro”. Las especies de flamencos por ser migratorias se encuentran especialmente expuestas a los cambios en su hábitat. En su defensa la minera Maricunga ha declarado que «la Región de Atacama ha sufrido de una severa sequía durante los últimos años, lo que se ha traducido en un descenso de las napas subterráneas en toda la región, que no tiene relación con las operaciones de la compañía».

Desde el lado académico el Centro de Minería de la Universidad Católica argumenta que las sanciones se deben a que sólo desde 2012, con el establecimiento de la Superintendencia de Medio Ambiente y luego del Tribunal Ambiental, hay una fiscalización efectiva y un seguimiento a los compromisos adquiridos por las empresas en las Resoluciones de Calificación Ambiental.

Conclusión

Los daños aquí señalados forman parte de un sistema donde el balance ha sido una explotación indiscriminada entregada a grupos privilegiados de la economía con consecuencias en el cambio climático y efectos en la calidad de vida de la humanidad –: fenómenos que de continuar en la progresión que se anuncia en el presente afectarán gravemente a las generaciones futuras.

Existe un grave deterioro del medio ambiente y la calidad de vida de la población que habita los territorios donde se desarrollan los proyectos. En lugar de asumir los costos de una explotación limpia de los recursos naturales se ha buscado aumentar la renta en negocios que no admiten los daños provocados, a menos que sean llevados ante la justicia del país que los acoge.

La producción así obtenida representa un crecimiento ficticio de la economía, puesto que no se habrán contabilizado los costos en salud de la población afectada, pueblos, villorrios y napas freáticas contaminadas, deterioro de la calidad de vida, etcétera. Se habrá impuesto así una visión de corto plazo de parte del Estado que no toma los resguardos necesarios. Es la consagración de la cultura del descarte (gastar y tirar) donde predomina una administración irresponsable de los bienes de la naturaleza.

Notas

1En 2012 Codelco a través de la filial EcoMetales Limited transforma el arsénico en un residuo estable, llamado escorodita (patente n° 50423). Proceso mediante el cual ha estabilizado 7500 toneladas de arsénico como escorodita (Codelco 2012).

2El proyecto de Corfo busca cuantificar y definir la viabilidad técnica y económica del reprocesamiento de tranques de relaves y extraer los elementos de valor. Procesos que se ejecutarían en relaves en operación como en aquellos cerrados y abandonados. Entrevista a Marcela Angulo, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo (Corfo 2016).

3M. Valdés es presidente del Programa Minería Alta Ley, en entrevista (2017) explica que en el futuro los desafíos de seguridad planteados a la tecnología serán mayores entre los cuales destaca el monitoreo en línea y la recuperación de elementos de valor en los depósitos de relaves.

4 El cerro Santa Lucía es un parque urbano ubicado en el corazón de la ciudad de Santiago de Chile. Tiene una altitud de 629 msnm, una altura de 69 m y una superficie de 65.300 m².

5Investigación basada en las siguientes fuentes: OLCA (Organización Latinoamericana de Conflictos Ambientales); Sentencia del Tribunal Latinoamericano del Agua citada en OLCA; reportaje de Andrés Ojeda en Radio Universidad de Chile; La Nación.cl.

6 Datos basados en la investigación de Antonia Eyzaguirre para el Consejo Minero de Chile.

7Datos basados en la investigación realizada por Valeria Ibarra sobre Kinross Gold. Se recogieron datos en la Superintendencia de Medio Ambiente, Centro Minero de la Universidad Católica y la Minera Maricunga.

Bibliografía

Codelco 2012 (2017 enero 26) Reportaje: «Consorcio chileno recuperará metales con valor económico desde relaves». El Mercurio (diario). Ediciones especiales. Santiago, Chile.
CORFO (2017 enero 26) Marcela Angulo. «Entrevista: Chile busca liderazgo tecnológico para el manejo de relaves». El Mercurio (diario). Ediciones especiales. Santiago, Chile.
Eyzaguirre, Antonia. (2017 enero 25). «Codelco intensifica búsqueda de socio para desarrollar desaladora por US$ 1.000 millones». El Mercurio (diario). Economía y Negocios B2, Santiago, Chile.
Ibarra, Valeria (2016 marzo 20). «Autoridad ambiental ordena clausura de instalaciones de minera canadiense por ‘daño irreparable’». El Mercurio (diario), Economía y Negocios, B8. Santiago, Chile.
Ojeda, Andrés (2015 febrero 16). «Investigación sobre el tranque de relaves que contamina las aguas de consumo humano de la población de Caimanes». Radio Universidad de Chile. Santiago, Chile.
OLCA Comunicaciones (2015). Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales. Megatranques de relave de empresa minera Los Pelambres sobre el Valle del Rio Manque. Santiago, Chile.