Cómo un país se hunde en el paradigma de “lucha entre los opuestos” y no intenta buscar la oportunidad para comenzar cambios en su cultura, su gobernanza, su relación ciudadana, a fin de alimentar un proceso de cambio de paradigma. El “caso chileno” a la luz paradigmática: una ilustración acerca de cómo se ha perdido y se sigue perdiendo la oportunidad de salir del abismo.

Una visión de la situación actual en Chile

Algo que en muchas partes del mundo no se conoce bien: Hace ya un tiempo que Chile está viviendo una etapa ciudadana de desesperación, de desesperanza, de temor de salir a las calles. Si bien en algunos lugares del país esta situación parece más grave, lo cierto es que ya no hay región de Chile que esté libre de esta muy preocupante sensación. Una situación que en el tiempo se ha ido agravando.

Todos los días noticias de homicidios, asaltos, robos con alto nivel de violencia. La prioridad fundamental ciudadana actualmente es con creces, “su seguridad “, esperar no ser robados, asaltados, violados, asesinados. Esa es la triste realidad chilena. Barrios vulnerables ocupados por el crimen organizado, por narcotraficantes y delincuentes. Las calles con un comercio ambulante producto de la falta de empleos de mayor nivel agregado: “ocupación disfrazada” que nos invade producto de las faltas de políticas con visión de futuro. Ya no solo algunos lugares, sino se ha generalizado.

A la gente no le interesan las “peleas politiqueras” de los diversos bandos. Los partidos y los políticos como conjunto, en las funciones que actualmente tienen están obsoletos. Las encuestas revelan que los ciudadanos, los mismos que con sentido común rechazaron el texto de la Convención Constitucional en el plebiscito del 4 septiembre de 2022, tampoco les interesa mayormente el proceso Constitucional actual ya que simplemente no creen en ello. Tienen prioridades muy diferentes.

Toda la gente sin distinción de grupos sociales, ni de sus características, la gente desarmada e indefensa, la gente vulnerable de las poblaciones dominadas por los narcos, están aburridas, desesperanzadas y muy asustadas. Esa es la triste realidad chilena.

Aun cuando esta situación se fue dando en el tiempo, desde hace varios años, se agravó con el denominado Estallido Social que si bien tuvo expresiones de tipo pacífico hubo situaciones delictuales de extrema violencia con destrucción de bienes públicos y privados, asaltos y robos, la mayor parte de los cuales quedó impune. La situación actual en materia delictual está prácticamente fuera de control. Un proceso que ha culminado con las actuales autoridades del país, con “dobles estándares” producto de creencias y prejuicios nacidos de la ignorancia, de ideologías dogmáticas, rígidas, que les impiden tomar las medidas que la gente, especialmente las más vulnerables, esperaría de ellos. Un relativismo valórico, moral y ético preocupante, que ha elevado en extremo la violencia con que se actúa. Una grave sensación de impunidad delictual.

Existe en la práctica, desde el presidente Boric y gran parte de quienes lo acompañan y lo apoyan, una priorización mayor de lo que se estima “derechos humanos” de los delincuentes respecto al derecho a la vida y tranquilidad básica de la ciudadanía del país. Hay una sensación de alta garantía para los delincuentes de parte de la autoridad en relación a la seguridad que tiene el ciudadano común. A modo de ilustración, existen contradicciones vitales e inentendibles para la gente: en las actuales circunstancias, en que la delincuencia está fuera de control, el presidente Boric y diversas autoridades postulan de que las policías han de ser “proporcionales” frente a los delincuentes entregando de ese modo garantías a los mismos y “castigando de hecho” a las policías y a quienes tendrían que ocuparse de resguardar la vida de la gente. Se ha debilitado así el respeto al estado de derecho. Es claro que con ello la sensación de indefensión ciudadana es muy generalizada. Claramente parecen ser muy diferentes las prioridades ciudadanas respecto a las que tienen las autoridades del país.

Al priorizar más sus ideologías dogmatizadas, no escuchan a la gente. Se ha preferido hacer campañas electoreras, especialmente cuando el gobierno -incluyendo al presidente- se pone en campaña para apoyar el texto constitucional emanado del proceso anterior de Convención constituyente que fue rechazado por el 62 % de los votantes, considerado un gran fracaso para el gobierno y un grave error estratégico de parte del presidente Boric. También al transformarse en un “opinólogo”, acerca de otros países en lugar de gobernar, generando con ello situaciones complejas en materia de cancillería, de las relaciones exteriores de Chile.

Pareciera que los crímenes, la violencia, la inseguridad imperante no son parte de las prioridades de las autoridades dado que fuera de hacer “mesas de trabajo” que a nada conducen, o expresar sus “sentimientos y condolencias” ante las familias afectadas por el terror delictual, ninguna medida efectiva se toma. Estas mismas autoridades cuando eran “oposición” cerrada y rígida ante el gobierno de turno, proclamaban que “no iban a hacer política como los políticos tradicionales”. Y así ha sido: porque a lo menos los “políticos tradicionales” a veces tomaban acuerdos en beneficio de la gente. Pero ahora quienes están en el gobierno, junto a sus incondicionales, tienen una situación peor que los “tradicionales”, dado que la polarización ha aumentado y la postura que se tiene es de ignorancia y soberbia. Si bien nunca ha habido cierta participación activa ciudadana en Chile, ahora es nula, dado que no se escucha a la gente.

La enorme mayoría de quienes vivimos en Chile, que no estamos adscritos a determinadas ideologías y anhelamos que se priorice el Bien Común ciudadano, deseamos que al presidente Boric le vaya bien. Si a él le va bien al país también. Sin embargo, para que eso ocurra, parece indispensable que tome una gran decisión: dejar de lado sus inconsistencias ideológicas, pensar varias veces antes de hablar y de actuar a fin de no seguir pidiendo reiteradas y frecuentes disculpas públicas. Convencerse que no es un analista político: que es el presidente de Chile, la mayor autoridad del país. No es un “alumno en práctica” que esta “aprendiendo” como lo ha señalado en alguna ocasión. Y es indispensable que Boric lo asuma.

A principios de enero 2023 Boric usó su facultad de indultar a delincuentes que estaban encarcelados, liberando a varios peligrosos criminales que según señaló su vocera de gobierno Camila Vallejos, “si el presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista, la situación habría sido distinta”. Boric señaló que se trataba de “desprolijidades que se cometieron”, pero nunca las corrigió; guardó silencio al respecto y es un asunto pendiente más antecedentes.

No sólo está el tema de los indultos. Esta también la falta de garantías de seguridad para los ciudadanos del país y de dar de hecho impunidad a los delincuentes. Deberá dejar de lado el “doble estándar” en derechos humanos desligados de las responsabilidades, calificando algunos delitos como no imputables ya que surgen de las “protestas”. También se trata de dejar de señalar sin mayor definición, que hayan “proporcionalidades” ante la delincuencia y el crimen organizado que solo llevan a que ese fenómeno siga creciendo y esté cada vez más fuera de control.

Ante el enorme descontrol de la inmigración ilegal fronteriza y las organizaciones criminales que actúan impunemente a lo largo del país, recientemente el gobierno promulgó un decreto con fuerza de ley para el resguardo de las áreas de zonas fronterizas y el despliegue de efectivos de las FF.AA. y de Orden en esas áreas, lo que es analizado en una entrevista, por el ex jefe de Estado Mayor del Ejército John Griffiths. En parte de esa entrevista Griffiths señala: “Para este despliegue militar —ordenado recientemente— me parece que no existe el necesario y adecuado respaldo del uso de la fuerza para los probables y potenciales fenómenos y amenazas a enfrentar en frontera que sobrepasan con creces solo el mantenimiento del orden público”. Así funciona la denominada “proporcionalidad” de las autoridades frente a la delincuencia desatada. Eso debe cambiar urgentemente.

Otro aspecto que Boric tendría que cuidar es el dejar de lado el “amiguismo” que ha caracterizado sus nombramientos, situando diversas personas incompetentes en cargos de gobierno lo que se ha reflejado en la situación general de desconfianza, temor e inseguridad que caracteriza al Chile actual. Tendría que optar en cambio por rodearse con personas competentes, experimentadas, probas, que sepan trabajar en equipo, abiertas mentalmente. Tendría que dejar de lado prejuicios, posturas cerradas, generadoras de desgaste de energía sin mayor aporte constructivo. Asesorarse por quienes saben y tienen experiencia en los temas que requieren de su gobernanza y proceder con decisión para tomar las medidas que se aconsejen.

Ese sería el deseo de todos quienes anhelamos que se priorice el Bien Común Ciudadano en lugar de determinadas ideologías corporativas ¿Será Posible? No lo sabemos.

Lo que sí sabemos es que este tipo de situaciones confirma de modo dramático y evidente que los candidatos a cargos de elección popular y a cargos públicos han de cumplir ciertos requisitos de competencia adecuadamente definidos y ser evaluados antes de ser nominados como candidatos.

El origen de los males de Chile

Suele señalarse por ciertos sectores que el origen de los males de nuestro país es el modelo “neoliberal”. Tengo enormes dudas de que sólo de eso se trate. Sin duda un “modelo” que debilita la acción del Estado y su necesaria eficiencia (que podría ser lo característico del denominado “neoliberalismo”), no es para nada un “buen modelo de país”. Sin embargo, tampoco lo es el que sería el aparente modelo que pretenden algunos que se denominan de “izquierdas” donde se inhibe la acción, la iniciativa del sector privado y sus capacidades de creación, gestión e innovación, pretendiendo que sea un organismo centralizado, normalmente un “Estado todopoderoso”, el que se haga cargo de la principal actividad social y económica del país.

Todo ese tipo de modelos son -a mi entender- muy dañinos y han fracasado rotundamente donde se han tratado de imponer.

Un Estado activo, colaborador y también vigilante de que se cumpla la ley y de que la libertad no se trasforme en libertinaje, junto con un sector privado que sea innovador, genere empleos con alto valor agregado, cumpliendo las leyes, en un equilibrio y complementariedad mutua, conjunta con un estado activo y eficiente, es fundamental. Pero ambos han de tener como fundamento y prioridad esencial, el Bien Común Ciudadano. Se trata de generar un proceso hacia un Estado de bienestar sobre la base de un sistema de mejoramiento continuo.

Respeto al origen de los males de Chile es fundamental y esencial la absoluta y total falta de visiones integrales y proyección de futuro, que privilegien el bien común ciudadano que hemos tenido como fundamental elemento faltante a lo largo de nuestra historia y muy especialmente durante y después de la dictadura.

Ha habido una enorme falta de previsión en materias que son claves para un país por parte de la dictadura y de todos los gobiernos que asumen después de la misma. Podían perfectamente haberse propuesto políticas para la acción tanto del Estado como de incentivo al sector privado, a la altura de lo que Chile requería. El liberalismo socio económico y el libre albedrio individual son indispensables, pero ello no significa libertinaje. La labor eficiente del estado es una función fundamental en un país: no es ni pasividad ni tampoco un “estatismo”. Es aplicarse a priorizar el Bien Común gobernando con personas competentes y probas que trabajen en equipo y sin ideologías o visiones cerradas y dogmáticas. Las instituciones han de perfeccionarse para que eso del libertinaje no ocurra. No se hizo en todos estos años. Quizás podríamos decir en toda la historia del país.

Sin embargo, se hicieron obras sin duda; en los denominados 30 años después de la dictadura se mejoró la calidad de vida de la población, tal como lo señala este artículo que colabora a dejar muchas dudas en su lugar.

Pero es llamativo que la clase política chilena de estos últimos 30 años no defendió lo que habían efectuado post dictadura ante las acusaciones por parte de organizaciones que fueron catalogadas como de “extrema izquierda” a la cual pertenecería buena parte de las actuales autoridades. Jóvenes que fueron parte de las “protestas” del denominado Estallido Social, a veces con episodios de violencia delictual. No sólo los políticos (clasificados como centro izquierda), no “defendieron” que en esos 30 años mejoraron muchos aspectos de la situación socioeconómica que dejó la dictadura sino quizás lo más grave, tampoco fueron capaces de diagnosticar lo que les faltó en sus gestiones de gobierno. Y quizás más grave aún: no fueron capaces de señalar que quienes asumían una visión ideologizada, “de que en 30 años no se hizo nada y que había que hacerlo todo”, eran unos destructores de lo que se había avanzado en Chile y no aportaban nada constructivo, que es lo que estamos cosechando ahora como país.

Pareciera que la característica relevante de los últimos 30 años de gobierno antes de la llegada del gobierno de Boric , además de no haber aclarado lo que “hacía falta como sociedad como un esfuerzo de marcar futuro”, fue que se mantuvo la visión de un país donde bastaba que el sector privado por sí solo actuara, sin una guía por parte de la institucionalidad chilena para una sociedad más consciente que incentivara a través de la gobernanza a modificar la cultura vigente, a comenzar obras públicas, privadas y mixtas que llevaran al país a prever y anticiparse a sus necesidades del futuro próximo.

Destaquemos entre otros, algunos aspectos del origen de los males de Chile que lo podemos conceptuar en términos sencillos a modo de integrarlos como una enorme falta de planificación y visión de lo que requería el país. Faltó una visión de Bien Común Ciudadano, de cambio cultural esencial que tanto requiere Chile. Fundamentalmente se actuó con medidas de corto plazo, sin visión de futuro para Chile. Sin duda que ha colaborado en esta situación el estar hundidos en el paradigma de “lucha entre opuestos por prevalecer”.

Entre otros aspectos faltó:

  • Una gestión de seguridad ciudadana y de respeto al Estado de derecho sobre la base de estrategias nacidas desde la asesoría de quienes conocen y tienen experiencia en esas materias sin “dobles estándares ideológicos” a fin de que los resultados sean eficientes y generen en la ciudadanía una sensación de “seguridad social”.
  • Un sistema educacional que incorpore valores éticos y humanistas de manera que la cultura del país fuese cambiando, dejando de lado posturas inculcadas en dictadura como “preocúpese por usted nomás ya que no es tema suyo lo que pase con el resto”. El egoísmo y la indiferencia en su máxima expresión que se inculcó en 17 años de dictadura. Faltó una educación de nivel adecuado en prepararnos para la generación de empleos de alto valor agregado y una formación de ciudadanos responsables y aportantes en lugar de meros consumidores y productores de bienes y servicios.
  • Una mayor igualdad social que se genera sólo a través de un cambio de nuestra cultura combinada con el mejor nivel formativo educacional. No siempre basta con repartir, especialmente si los comensales son muchos y la “torta” es pequeña. Hay que hacer crecer la torta y tratar que todos participen adecuadamente de la misma.
  • La gestión integral de los recursos no renovables, como la gestión del agua, del medio ambiente, de la minería, de los recursos no renovables en toda su integridad.
  • Las medidas para priorizar la locomoción pública haciéndola eficiente, no contaminante, orientada hacia el desincentivo del uso de vehículos privados para movilizarse dentro de las ciudades.
  • Los aspectos vinculados a vivienda social y urbanismo, con visión de generosidad en los espacios y de inclusión urbanística, en lugar de segregar barrios según clases sociales como ha ocurrido en Chile.
  • La perfección de los sistemas de salud mejorando la atención pública, complementada con la privada, con adecuados seguros de salud.
  • Modificar las actuales reglas de juego de los sectores de la gran minería de manera que exportemos los subproductos y los productos de esos sectores de manera que tengan un alto valor agregado por la vía de negociaciones y acuerdos vinculados al Bien Común ciudadano con todos los involucrados a fin de obtener recursos para ir desarrollando un país diferente.
  • Completar a fondo y de manera definitiva la descentralización regional de chile en todos los aspectos y atribuciones que correspondan de manera de sanear al país del cáncer del centralismo que lo agobia. Aprovechar la creatividad de las regiones y generar polos de educación y desarrollo que logren equilibrar el país acabando con el centralismo burocrático y autoritario.

Lo señalado en este “punteo” es a modo de ilustración de lo que es necesario y posible si aprendemos a gobernar eficientemente en lugar de desgastarnos en la politiquería, en ambiciones de poder.

Cambios de urgencia para un proceso de cambio de paradigma

A modo de “arriesgar” propuestas básicas de cambio que conduzcan a salir de las actuales tragedias que estamos viviendo -tanto en Chile como en el planeta-, hundidos en el paradigma de lucha entre opuestos por prevalecer frente a lo cual lo mínimo que necesitamos tener es una claridad básica de diagnóstico. Les propongo una visión no polarizada ni muy común. Algunos alcances:

Es hora de aceptar que nuestro sistema democrático, en Chile y en diversos lugares, debe ser perfeccionado urgentemente. Chile necesita una Constitución que priorice como fundamento social el Bien Común Ciudadano, más allá de los partidos políticos.

Es fundamental reconocer por vía plebiscitaria que los partidos y buena parte de los políticos, por la manera en que funcionan, no tienen legitimación de parte de los ciudadanos; actualmente continúan relacionándose sobre la base de “oposición versus el gobierno”, nominando “a dedo” a los candidatos a cargos de elección, con esquemas ideológicos polarizados entre “amigos versus enemigos”. Ello no significa que, como personas, buena parte de los políticos actuales no sean competentes para asumir otros roles en la gobernanza. Hay muchas personas capaces entre ellos, más a fin de ser de provecho para la gobernanza han de cambiar su actual función.

La ambición de poder es lo que prevalece. Las Instituciones del país están también bastante deslegitimadas necesitando de manera urgente funcionar priorizando el Bien común ciudadano.

Parece necesario que exista un sistema de requisitos básicos establecidos para poder calificar para ser nominado candidato tanto a cargos públicos como a cargos de elección popular, de manera que el nivel de competencias tanto profesional como humano sea mínimamente aceptable.

Que los partidos políticos y los políticos cambien su actual función de representar ideologías opuestas, a veces rígidas y se transformen en escuelas para formación de liderazgos, para que se postulen “primariamente” como candidatos personas competentes para los cargos a los que anhelan optar. Que exista un protocolo que examine, de acuerdo a los requisitos exigidos, los antecedentes de quienes postulen y que además tengan herramientas para evaluar presencialmente a los “candidatos a candidatos”.

Que se trabaje la legislación en base a un Poder Legislativo electo rotativamente, pero de manera tal que sean equipos multifacéticos de trabajo laborando de manera paralela según los diversos temas necesarios de revisar y mejorar, siempre priorizando el bien común ciudadano, para avanzar en el más breve tiempo posible en mejorar la calidad de las Instituciones sobre la base de procesos de mejoramiento continuo. Los poderes del Estado han de ser parte de la institucionalidad a mejorar.

Que es necesario generar un sistema político, de gobierno, en que los ciudadanos que lo deseen puedan tener participación activa con retroalimentación, con un sistema amigable para preguntar, proponer, dialogar, tener diversas formas de aportes, todo transparente y público. Que se escuche y se dialogue con los ciudadanos que deseen tener una participación activa en los procesos de gobierno.

Que la “política” sea el “arte de gobernar”. Que la capacitación, experiencia y características humanas de probidad y apertura al diálogo, a tomar acuerdos en función de la “prioridad del bienestar ciudadano” sean exigencias fundamentales para participar de modo directo en la política o gobernanza.

Que se funcione con una mentalidad “pro-bienestar ciudadano”, donde no existan dobles estándares en derechos humanos, que han de ir de la mano con las responsabilidades. Que sean valores humanistas y éticos los que prevalezcan.

Que se trabaje con la asesoría adecuada nacional y/o internacional de quienes conocen, científica y tecnológicamente, los diversos temas y se apliquen las medidas adecuadas para que el país funcione en un proceso de bienestar social y económico con visión de futuro, hacia una nueva cultura, sustentable en valores humanistas y éticos como base de la relación social ciudadana.

Que exista un sector estatal activo, funcional, controlador del cumplimiento de las leyes y al mismo tiempo apoyador de la creatividad y libertad ciudadana, junto a un sector privado que genere empleos de alto valor agregado y sea respetuoso de las leyes y de los valores que pretende la nueva sociedad del país.

Que no se confunda la imprescindible libertad individual y empresarial con el libertinaje. Que exista un equilibrio funcional y una alta colaboración entre el estado, el sector privado y el “mixto” que pudiese existir.

Que se utilicen adecuadamente los recursos del país y sus frutos para apoyar la renovación y mejora de la educación, salud, medio ambiente, seguridad pública, previsión, entre otras, para que funcionen más allá de ideologías rígidas y dogmáticas normalmente amparadas en deseos, prejuicios y creencias.

Todo lo señalado se tiene que comenzar a elaborar creativamente sobre la base del trabajo en equipo con el “Norte” de priorizar el bien común ciudadano, con otra cultura que nos lleve a una nueva sociedad. Ojalá el nuevo texto constitucional que se pretende elaborar en Chile apunte hacia este fundamental cambio de la actual “cultura” chilena que tanto se requiere. Es necesario, urgente, un enorme desafío.

¿Podrá surgir un “movimiento ciudadano masivo” que en lugar de protestar exija cambiar nuestra cultura, la manera de gobernarnos, de relacionarnos a fin de que cada uno aportemos socialmente a un mejor país? Ojalá sea posible. Se estaría generando las bases para un nuevo país con otra manera de relacionarse a la búsqueda de cambiar el paradigma actual.

¿Se trata de una utopía, de un sueño? Puede parecer así. Sin embargo, que los países y el mundo continuemos “hundidos” en la estupidez humana de un paradigma de luchas entre opuestos por prevalecer no tiene sustentabilidad alguna y es una amenaza evidente a la estabilidad básica planetaria. Podría significar, en caso de no hacer nada, la autodestrucción de esta actual humanidad.

Es por ello que lo que sin duda parece ser utópico es “hacer como que no pasa nada” y seguir igual: con el mismo paradigma.

Un proceso que conduzca hacia un cambio de paradigma donde nos reconozcamos que como seres humanos somos imperfectos, frágiles, ignorantes y limitados que nadie es un “iluminado dueño de la verdad”. Que la única alternativa sustentable es trabajar en equipos competentes sobre la base de acuerdos en procesos de mejoramiento continuo en el tiempo y reconociendo que nos podemos equivocar pero que hemos de construir una relación mutua respetuosa y armónica en que los errores los podamos superar.

Que hemos de aplicar nuestros avances científicos y tecnológicos, de manera de comenzar a trabajar en equipo con personas competentes, tomando acuerdos para la solución de los eventuales conflictos y de los diversos temas. No más violencia en la solución de los conflictos o problemas. No más protestas para “conseguir derechos” sino un sistema social donde cada uno anhele aportar a la sociedad, al bienestar del entorno y a darse un sentido existencial. Abrazar una cultura paradigmática de integración de los opuestos de modo que cada uno de nosotros, de cada país y lugar del planeta seamos consecuentes, para poder “liberarnos” de la actual amenaza que a veces surge como inminente e irreversible.