En la tierra del realismo mágico, la paz debe poseer algo más que unos fríos documentos. El negro sobre blanco está impregnado de demasiada frialdad para un pueblo acostumbrado a las historias de gnomos que aparecen detrás de árboles, retahílas de maldiciones que se cumplen, lluvias que se predicen. La hojarasca que trae el progreso, de la que ya escribió Gabriel García Márquez, se cierne de nuevo sobre Colombia, que ahora vive el momento más importante de su historia reciente. El tren amarillo esta vez no solo arriba a Macondo, sino que lo hace al conjunto del país ofreciendo la dádiva más lujosa que puede acometer un pueblo: la paz.

Pero Macondo no sería si no existiese controversia. Y Colombia se traicionaría a sí misma si el rumor de la conversación no inundase sus cigarrerías y se mezclase con el olor de sus arepas. El proceso de paz iniciado por el presidente Juan Manuel Santos hace tres años, en un lugar tan simbólico como La Habana, tuvo su culminación el pasado 23 de junio con el fin de las conversaciones y la firma de los acuerdos entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Sin embargo, el ruido atronó el proceso en los últimos meses por la negativa por parte de la derecha colombiana, encarnada en el senador Álvaro Uribe, que ha llegado a describir el acuerdo como una afrenta a las víctimas. Uribe, quien fue presidente de Colombia entre los años 2002 y 2010, y que tuvo entre sus ministros al ahora presidente Santos, ha sido muy crítico con su anterior compañero de partido, y con sus ataques ha provocado la reacción de una parte de la sociedad colombiana que exige mayor castigo a quienes fueron responsables de numerosos actos de guerra desde su conformación en 1964. Ha levantado su voz a pesar de que en su pasado se dibuja uno de los episodios más negros de la historia democrática del país, el escándalo de los “Falsos Positivos”, procedimiento dentro de la llamada Política de Seguridad Democrática emprendida por Álvaro Uribe. El escándalo saltó en el año 2008 cuando se conoció que miembros del Ejército de Colombia habían asesinado desde los años 90, pero con especial intensidad durante el gobierno de Uribe, a civiles inocentes de zonas marginales para hacerlos pasar como guerrilleros y recibir una recompensa económica.

Para refrendar los acuerdos de paz dirigidos por el gobierno, el presidente Santos decidió preguntar al pueblo a través de una consulta popular que, aunque todavía no tiene fecha definitiva, se estima que se produzca antes de final de año. La propia consulta ya ha tenido sus críticas tanto por la cuestión que se ya se dibuja como por el porcentaje de votos que se necesita para la victoria. Los contrarios a la culminación de estas negociaciones, exigen que la pregunta que se le haga al pueblo colombiano no se refiera a si se está de acuerdo con la paz, puesto que se trataría de una pregunta abstracta a la que difícilmente un votante pudiere oponerse. En relación a ello, el pasado lunes 8 de agosto, el Consejo Nacional Electoral recibió un derecho de petición por parte del tribunal electoral para que se desmonten todas las vallas y piezas publicitarias que se han diseminado por el país relacionando el resultado del plebiscito con la querencia de la paz.

Además, y a pesar de que la reglamentación del referéndum solo se hará oficial cuando el presidente Juan Manuel Santos indique la fecha del mismo, ya en noviembre de 2015 se aprobó el porcentaje necesario para la victoria del Sí de los acuerdos. El gobierno dejó el umbral de aceptación en el 13 por ciento sobre el censo electoral, lo cual también levantó las críticas de los defensores del No por la baja exigencia para su aprobación.

La hojarasca que levanta el tren amarillo ha posicionado al pueblo colombiano. En las calles de Bogotá se charla sobre el proceso, aunque en esta ocasión se hace con la tranquilidad que proporciona la ausencia de violencia. Johanna, cajera de un supermercado, no entiende que “quienes mataron tanto, hicieron tantas cosas horrorosas, puedan salir indemnes con estos acuerdos”. Cierto es que los documentos firmados no contienen ningún tipo de castigo para los responsables de las FARC. De hecho, los mismos se basan en una justicia de reinserción de los terroristas en la sociedad civil. “Eso los colombianos no lo entendemos. Además que las FARC todavía controlan algunos territorios del país. Todos estamos de acuerdo con la paz, pero no a cualquier precio”, asegura Víctor, un taxista oriundo de Boyacá. Frente a este discurso, los defensores de la paz tratan de olvidar para conseguir dar el paso más importante de la historia democrática en Colombia. “Por supuesto que debemos seguir dando pasos, y es esencial que los ciudadanos participen en esta decisión. Todos sabemos lo que ha ocurrido en este país a lo largo de las últimas décadas. Pero la paz está a un paso, y lo que es peor, si no aprovechamos este momento histórico, quizá en unos años estemos arrepintiéndonos”, asegura con convicción María Paula, una joven estudiante de Comunicación Audiovisual. Son los más jóvenes los que están dando el apoyo más contundente a la decisión del Gobierno, a pesar de su rechazo a otras muchas decisiones del presidente Santos.

La demagogia relacionada con la paz, que en ocasiones como esta puede ser positiva, necesita de oídos y ojos abiertos. Escuchar los diferentes puntos de vista, reducir el ruido y tener claro el objetivo final sin pensar en réditos electorales, deben conformar la hoja de ruta de la sociedad colombiana. Macondo se sintió arruinada cuando el progreso se esfumó, porque deja recuerdos pasados y presentes angustiosos; ahora la sociedad colombiana se debate en un momento histórico acerca de qué hacer con su futuro. Ensamblar tantos puntos de vista con el diálogo parece un ejercicio leonino, pero la oportunidad existe y no se debe dejar escapar compitiendo por ver quién grita más. Y a partir de ahí, crecer. Dentro del realismo mágico existe, de hecho, también la realidad, y no hay peor modelo de una existencia que el de las bombas. Los próximos meses serán esenciales para el devenir del futuro de este país que esta vez trata de tomar las decisiones de forma razonable y que engloben el sentir de la mayoría de sus ciudadanos.