En estos últimos 50 días tres actores ocupan el espacio político en Chile: (1) Gobierno; (2) parlamentarios y jefes de partido; (3) organizaciones sociales y ciudadanos independientes. Los dos primeros, con un poder de convocatoria manifiestamente disminuido; siendo patético el caso del presidente Piñera con una aprobación de la opinión pública que ha descendido a 10%, algo inédito en la historia política de Chile. El tercer interlocutor es la ciudadanía que se manifiesta en convocatorias, marchas y concentraciones en Plaza Italia, rebautizada como Plaza de la Dignidad Nacional, sedes sindicales y Plaza Montt-Varas en Santiago, entre los tribunales de justicia y el antiguo Congreso.

Los 15 primeros días de las manifestaciones y actos de violencia, el Gobierno y la clase política apostaron a un problema de orden público. En su confusión, el Gobierno no atinó sino a recurrir a un estado de emergencia con militares y carabineros en la calle reprimiendo una ciudadanía abusada que reclamaba espacios que le habían sido negados durante 47 años.

Mucho antes que el Gobierno, los partidos políticos entendieron que se trataba de una revuelta popular –tercer actor que planteaba, en las calles de Chile, una agenda que durante cinco décadas chocó, sin mayores resultados, con el aparato represivo y las instituciones de la dictadura cívico-militar y más tarde con los regímenes que pactaron con la dictadura la transición a la democracia. Pacto que, dictadura y Concertación, legitimó con las modificaciones de 1989 a la Constitución de 1980, texto consagratorio de trampas y ataduras que durante 30 años liquidaron toda posibilidad de una democracia plena.

El 15 de noviembre, un mes después del estallido social, atenazados por una calle incontrolable, el oficialista Chile Vamos, la antigua Concertación y el Frente Amplio, concluyeron lo que llamaron un Acuerdo por La Paz Social y la Nueva Constitución. En el texto se adoptaron dos plebiscitos. En el primero (abril 2020) se acordó preguntar si se quiere o no una nueva Constitución y el mecanismo para formularla.

Una alternativa establece una Asamblea constituida 100% por ciudadanos y otra mixta de 50% ciudadanos electos y 50% parlamentarios. Los acuerdos en la nueva Constitución requerirá el apoyo de 2/3 de los delegados constituyentes; los que serán elegidos junto a los comicios municipales y de gobernadores, en octubre de 2020 mediante voto voluntario. Habrá un plazo de 9 meses, a partir de la elección, para redactar el nuevo texto constitucional, prorrogable una sola vez por tres meses. Una comisión técnica paritaria, entre la oposición y el oficialismo, designará el número de integrantes de la Asamblea Constituyente. A la fecha se dio a conocer un número de 155 delegados.

La segunda consulta ciudadana prevista es la de un referéndum revocatorio, 60 días después que se entregue el texto de la nueva Constitución, para aprobarla o rechazarla. Oficialismo y oposición resolvieron establecer voto obligatorio para esa consulta. Los negociadores esperan que el referéndum no coincida con las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2021.

El procedimiento así establecido coincide con los dos años que restan al actual gobierno y a un presidente que busca administrar un proyecto que no solo no es el suyo, sino que además contradice el programa para el cual fue elegido en 2017. La clase política, Gobierno y oposición, sostiene esta comedia de inconsecuencias, pues en ello va su propia sobrevivencia. Ni las manifestaciones ni las demandas sociales han cesado pues la calle está consciente que sin presiones no habrá satisfacción a sus demandas.

Frente a las continuas movilizaciones, donde insistentemente se plantea la renuncia de Piñera, el Gobierno reacciona con ofertas, muchas de las cuales duermen en el Congreso desde la época de gobiernos pasados. El lunes 9, un presidente manifiestamente disminuido, apareció en cadena nacional proponiendo lo que llamó una «Agenda Anti Abuso» y por un «Trato Digno y Justo». En síntesis, dijo, «combatir con mayor severidad las colusiones y abusos en los mercados, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada». Penas irrisorias para el caso de delitos tributarios, uso de información privilegiada, divulgación de información falsa serían aumentadas a cárcel efectiva. Nuevas atribuciones al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) mediante una Plataforma Digital, permitiría la desafección de los consumidores a contratos que estimen inconvenientes a sus intereses. De la misma manera se buscaría terminar con la práctica de seguros desconocidos o no deseados por los consumidores; eliminar trámites notariales innecesarios, así como operaciones y trámites que deberán ser prestados digitalmente y reducción de cobros de los Conservadores de Bienes Raíces. A ello se agrega la facilitación de acuerdos por parte de la Dirección del Trabajo entre trabajadores y empleadores en la solución de conflictos….

Sin justicia no puede haber paz, algo que la ciudadanía entiende y que está lejos de percibir en las iniciativas del gobierno. Aún se espera con escepticismo la llamada Agenda Social que incluye un alza en pensiones básicas y reducción del precio de servicios básicos como la electricidad, el agua, el transporte público para los adultos mayores. Notemos que muchos de estos anuncios dependen de trámites legislativos de resultados inciertos.

Por décadas, la cultura ciudadana ha internalizado la imagen de un Estado ausente, con tribunales cuyas sentencias, la ciudadanía ha interpretado como una muestra de lenidad e injusticia. Por eso no puede extrañarnos el escepticismo con que la ciudadanía considera los organismos del Estado que reaccionan tardíamente y, la percepción de una justicia para los poderosos y otra para los pobres. Para la reactivación de la economía y el empleo se han destinado US$ 5.500 millones que es equivalente a 10% de lo que actualmente el Banco Central calcula como formación bruta de capital fijo –a todas luces algo insuficiente para las necesidades del presente.

Sin cambios estructurales las medidas anunciadas de la Agenda Social deberán financiarse con gastos corrientes del presupuesto fiscal y endeudamiento proveniente del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) que son fondos soberanos invertidos en el extranjero y que ascienden a 14.000 millones de dólares. Los cambios estructurales implican una reforma tributaria, en discusión hace 2 años, y el cobro de royalty a la explotación de recursos naturales, minería del cobre, litio, además de la pesca y la madera.

Las circunstancias del presente indican una economía y sociedad en estado de emergencia lo que plantea la transición hacia una sociedad y economía social-solidaria. El viejo modelo no da respuestas. Peor aún, profundiza las desigualdades. Frente a ello no cabe sino realizar cambios estructurales capaces de sostener en un futuro próximo los nuevos objetivos. Eso implica la recuperación de los recursos naturales y la integración de los Bienes Públicos (salud, educación, vivienda, pensiones, agua, medio ambiente) en dos áreas de la economía a saber el sector de Propiedad Social (APS) y un Área Social Solidaria (ASS).

En relación a los recursos naturales (cobre, litio, pesca, madera) en el estado actual de compromisos internacionales no caben sino dos alternativas. Nacionalización pura y simple, o negociación basada en 51% del recurso natural en manos del Estado esto es, control en su manejo y administración.

La integración de las dos áreas mencionadas, APS y ASS, involucra dos aspectos, uno se refiere al mercado del sector productivo y otro a las leyes sociales. El primero, tiene relación con lo que llamo, «mesas de mercado» presididas por el Estado, esto es en ejercicios de simulación para un punto de mercado por ejemplo, proyectos de construcción de infraestructura, mercado inmobiliario, embarque en puertos mineros, etcétera. En esa simulación participarán productores proveedores de insumos para el producto final. El Estado será parte activa de esas negociaciones con sus empresas públicas y semi públicas. Esto no es menor, sobre todo en el caso de áreas contaminadas por el embarque y desembarque de materiales tóxicos en puertos del territorio.

Las negociaciones llevadas a cabo en las «mesas» los participantes discuten precios, cantidades, calidades, tiempos y modalidades de entrega al sector productor, modalidades de transporte, habilitaciones administrativas necesarias y precios, algunos de los cuales serán fijados por el Estado, etc. Este ejercicio así llevado a cabo, propugna la transparencia del mercado, la «verdad de precios», el abordaje de los cuellos de botella y por sobre todo la previsión que es un elemento indispensable a considerar en la economía. Previsión crucial para la inversión así como para la planificación de los medios de pago. Este ejercicio se cierra con el compromiso formal de las partes involucradas en presencia de las autoridades del Estado que presiden la mesa de mercado.

En economías castigadas por la especulación, el sobreprecio, lo incierto de las entregas, las fallas de calidad, la contaminación del medio ambiente, la debilidad de los Estados en la imposición de reglas, este método de simulación de mercado ofrece la posibilidad de crear, afrontar y llevar a buen término metas en la economía difíciles de evaluar en el momento actual.

Algunos me han dicho que esto es una suerte de «economía de guerra». Respondo. Así es. A estas alturas ¿no está acaso nuestra economía seriamente dañada? El saqueo y el vandalismo han destruido, en un mes, no solo parte de la infraestructura de la ciudad de Santiago sino además las principales ciudades del territorio. Peor aún, la confianza en las autoridades está seriamente dañada. «Reconstruir» significa tender puentes con autoridades del Estado, Ejecutivo y Congreso, que por años han ignorado las demandas sociales y sumido a la población a toda clase de abusos. En las circunstancias actuales de la macroeconomía, se prevé desde ya una baja brutal en la inversión productiva, un alza del desempleo que puede llegar fácilmente al 9% de la fuerza de trabajo. Algunos pronostican un desempleo de dos dígitos. No cabe duda que a circunstancias extraordinarias soluciones extraordinarias.

El área de las leyes sociales es la que llamo el Área Social Solidaria, la que abarca los bienes públicos básicos. En el área de las pensiones propongo el criterio del reparto con una tasa de reemplazo de 80% del sueldo al momento de jubilarse. Actualmente, las AFP (administradoras de fondos de pensiones) mediante un sistema de capitalización otorgan pensiones miserables con una tasa de reemplazo de apenas 35%. La esperanza de vida involucrada en los cálculos no puede ser superior a 75 años para los hombres y 80 para las mujeres. Adviértase que actualmente éstos se realizan sobre la base irreal de 110 años de esperanza de vida, con las consecuencias sobre el monto de las jubilaciones que se entregan. En el área de Salud propongo un Fondo Único de Salud. Aquellos que poseen los medios podrán pagarse un pilar suplementario. Actualmente los programas del sector privado (ISAPRES) ofrecen pólizas inalcanzables para la mayoría de la población que se afilia al Fondo Nacional de Salud (FONASA). La vivienda popular debe integrarse dentro de un medio ambiente amigable y áreas equipadas de la ciudad. El déficit de viviendas tiende a paliarse en la actualidad con edificios en altura, en ambientes contaminados. La población que carece de ese estándar está obligada a vivir en la periferia de las grandes ciudades con medios de fortuna y sin equipamiento. Eso no puede seguir. Es profundizar la desigualdad y las consecuencias sociales para una población que nace pobre y está condenada a vivir en la pobreza.

En el presente desactivar las protestas implica que el presidente, un político de derecha y hombre de negocios, asuma un programa absolutamente contrario a aquel por el cual fue elegido. Es un contrasentido absoluto. Tú puedes exculparte por lo que has hecho, pero no puedes entrar en casa ajena a administrar un proyecto en el cual no crees.